La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo de Gabriel González Da Silva pidió a la Justicia Federal de la Capital Federal que investigue una serie de maniobras efectuadas en todo el país en perjuicio de jubilados y pensionados, beneficiarios del Programa de Reparación Histórica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
La investigación preliminar desarrollada por la UFISES se inició el 18 de septiembre del año pasado, a raíz de una presentación de la ANSeS que daba cuenta de una gran cantidad de maniobras delictivas, que consistían en llamados telefónicos a jubilados, pensionados o sus familiares o apoderados.
En las comunicaciones, los sospechosos se hacían pasar por empleados del organismo para gestionar el beneficio del Programa de Reparación Histórica, para lo cual contaban con información personal de difícil acceso de los damnificados.
Cuando la víctima accedía a realizar a realizar el trámite, el supuesto agente de la ANSeS le solicitaba efectuar una transferencia a una cuenta bancaria que le proveía, con la excusa de que así podría cobrar el saldo a su favor, según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal.
Así, muchas de las víctimas efectuaron el pago con el dinero que tenían en sus cuentas o mediante la solicitud de préstamos bancarios y, en algunos casos, fueron desapoderadas de sus ahorros. “En principio, se denunciaron 106 casos en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales 24 fueron judicializados ante la justicia local de cada jurisdicción”.
Se baraja la hipótesis de que los acusados cuenten con “colaboración interna”, por eso la UFISES le solicitó a la ANSeS “que informe quiénes fueron los usuarios que compulsaron sus bases informáticas en relación a los damnificados”.
“En base a la detección de patrones comunes en los distintos casos -nombres de los supuestos empleados, teléfonos, cuentas de destino, etc.- la UFISES solicitó a las compañías de telefonía las titularidades de la líneas -celulares y fijas-, fechas de activación y otros datos de interés para la investigación. Asimismo, tras identificar los distintos CBU utilizados por los delincuentes, se requirió a los distintos bancos involucrados que brinden toda la información relativa a las transferencias efectuadas, titularidad de las cuentas y otros datos de utilidad”, informó el MPF.
El fiscal González Da Silva consideró que si bien las presentaciones efectuadas por la ANSeS, ocurrieron en distintas provincias del país, las bases de datos informáticas y las áreas correspondientes a la atribución de los beneficios solicitados tienen sede central en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que corresponde que intervenga la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
A mí me llamaron hace 15 días, diciéndome que mi madre tenia ese beneficio.Sabían que era su apoderada.Sospeche porque no me trató bien y hubieron contradicciones.Consulté al 133 y con la policía.Lo preocupante es que alguien que tiene acceso a información colabora con estos delicuentes.El número era de CABA