Al 49 por ciento de los detenidos y las detenidas en los últimos tres años, la fiscalía les propuso firmar un juicio abreviado, es decir, admitir la culpabilidad y pactar la pena a cumplir sin necesidad de someterse a un debate oral y público. La condena negociada entre fiscalía y defensa debe ser aprobada por el Tribunal que tenga a cargo el caso. Además un 41 por ciento de los detenidos fueron sentenciados bajo el proceso de flagrancia, porque se los apresó cometiendo un ilícito, “in fraganti” y eso habilita su puesta a disposición ante el juez y un sistema oral abreviado de juzgamiento.
Las estadísticas fueron publicadas por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Se trata de datos preliminares de la encuesta “Contextos de encierro en Argentina: derechos y garantías procesales, una lectura en perspectiva temporal 2013/2019”.
En este período de seis años. “la población carcelaria en Argentina aumentó un 55% llegando a 63.094 personas privadas de su libertad dentro del Sistema Penitenciario Federal y Sistema Penitenciario Bonaerense, servicios que representan el 69% de la población carcelaria total de la Argentina”, según la información de la encuesta.
De ese total, el 50 por ciento tenía menos de 30 años al ser detenido y el 42 por ciento cursó estudios hasta el nivel primario. En el 76 por ciento de los casos el detenido trabajaba hasta un mes antes de ser apresado.
En los últimos 16 meses, el 76 por ciento de ingresos a penales fue por delitos vinculados a la droga o patrimoniales.
Otro aspecto de la encuesta tuvo que ver con el trato judicial a los detenidos: sólo el 34 por ciento de los encuestados ubicó como presente durante su declaración indagatoria al juez que debió resolver su situación procesal.
A la hora de ser detenidos, sólo un 23 por ciento dijo que la polícía le informó su derecho a realizar una llamada y el 49 por ciento de los encuestados sostuvo que fue golpeado o sometido a situación de “fuerza física” en el 2019